Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: Entrevista a Aitor López

Cristina Linares: ¿Qué es o cómo definimos la violencia sexual?

Aitor López: Encontrar una definición unánime de violencia sexual no resulta una tarea fácil debido a que es un concepto complejo, con muchas aristas y su descripción dependerá desde la mirada en que se observe y en dónde se deposite el foco de interés (jurídico, político, sociológico, criminológico, etc.).

Una definición amplia y que llama al consenso sería la de Organización Mundial de la Salud (OMS) donde se define como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. La propia OMS detalla que la violencia sexual incluye el uso de grados variables de fuerza, la intimidación psicológica, la extorsión y las amenazas (por ejemplo de daño físico o de no obtener un trabajo o una calificación, etc.). Reseña, además, que un elemento crucial para su entendimiento es que también es violencia cuando la persona no está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo cuando está ebria, bajo los efectos de un estupefaciente, dormida o mentalmente incapacitada.

Descripciones como la anterior resultan, cuanto menos, un punto de partida interesante porque intentan señalar posibles escenarios con los que romper ciertas preconcepciones o sesgos que en, ocasiones, como sociedad y desde un imaginario colectivo compartido, trasladan discursos muy dañinos sobre qué es y que no es violencia sexual. De este modo, esta definición nos invita a pensar que algunas prácticas que estamos normalizando no resultan ni tan normales ni debieran estar tan toleradas, una vez entendemos que son expresiones- explícitas o implícitas -de violencia, y que son, por lo tanto, agresiones contra el sentido de sexualidad para determinados colectivos y que suelen reproducirse con asiduidad en determinados contextos. Coincidiendo con lo anterior y en un sentido amplio, entendemos la violencia sexual, por lo tanto, como aquel acto que degrada o daña el sentido de sexualidad de la víctima y que atenta contra su libertad, dignidad e integridad física.

Por otro lado, dicha definición, a pesar de ser útil, resulta para muchos profesionales, donde me suscribo, insuficiente. Y es que no acoge aquellos aspectos esenciales que, personalmente, me parecen cardinales para entender, desde una óptica psicosocial y de defensa de los derechos humanos, cualquier tipo de violencia: quién la ejerce, quienes la reciben y qué objetivo persigue. Igual que otras formas de violencia, la violencia sexual pone de relieve los mecanismos de poder existentes en nuestra sociedad, dando evidencia que aquellos en posición de privilegio, con relativa impunidad, efectúan ejercicios de sometimiento y control coercitivo sobre estos otros sujetos que considera inferiores, dependientes o bien problemáticos al orden establecido. El principal medio para su consecución será la transgresión de derechos y la vulneración de libertades, buscando el detrimento en desarrollo de este segmento de la población desde los distintos marcos sistémicos (políticos, económicos, sociales, etc.). Estos juegos de asimetrías no se producen de un modo arbitrario sino que siempre perseguirán alcanzar determinados intereses, donde la violencia, ya sea a la sexualidad o a cualquier otro bien protegido, será un instrumento para un fin: la erosión del otro por tal de socavar y así perpetuar la dominación que viene ostentando el perpetrador.

La evidencia relevada en las últimas décadas indica que independientemente del ámbito en el cual la violencia es ejercida, son las mujeres mayoritariamente las víctimas. Conforme a esta narrativa, si nos centramos desde una perspectiva de género y feminista, entenderíamos dicha violencia como una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como un objeto, por tal de mantenerla sometida. Entre estas formas de violencia podemos encontrar el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina, formas coercitivas de control reproductivo, la explotación reproductiva (mercantilización de la capacidad reproductiva de las mujeres, como los servicios ofrecidos por agencias de “gestación subrogada”), la trata y la explotación sexual (recordemos que España es uno de los países donde más se ejerce la prostitución a nivel mundial, y muchas mujeres son víctimas de trata con fines de explotación sexual, sin embargo no se tienen cifras para contabilizar este problema), entre otras tantas.

Cristina: ¿Cómo has visto tú, desde tu experiencia e investigaciones, el comportamiento de este fenómeno en los últimos años? ¿Cómo han afectado cambios sociales como la pandemia o la guerra de Ucrania en la violencia a nivel internacional? ¿A qué crees que se deba esta tendencia?

Aitor: De inicio, los datos que manejamos a nivel global resultan desoladores, por lo que el panorama de partida es poco alentador. A su vez, resulta muy difícil dilucidar una evolución si consideramos la violencia sexual como parte de una violencia estructural enraizada en las propias referencias que la sociedad define para mantener el orden dado por esferas de poder e influencia, entre la que consta el sistema androcéntrico. La violencia sexual se haya presente desde los orígenes históricos como herramienta de represión y control mientras que su representación como defecto y vulneración de derechos solamente ha tomado consideración en tiempos recientes y en ciertas latitudes geográficas.

A pesar de lo anterior, lo que sabemos sobre la violencia sexual a nivel mundial se basa en lo que los estudios nos informan y es que se trata de un problema sumamente extendido y uno de los males endémicos que asolan en todas las sociedades, indistintamente del lugar del globo desde donde se intente vislumbrar. Por ejemplo, el informe CESW (2013) recoge que una de cada veinte mujeres en el mundo de 16 a 59 años informó haber sido víctima de un delito sexual grave después de la edad de 16 años. El National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NIPSVS) realizado en 2011 en EEUU indicaba que el 19,3% de las mujeres participantes (unas 23 millones) habían sido víctimas de violación en algún momento a lo largo de su vida; mientras tanto en Europa, el European Union Fundamental Rights Survey informó de que el 5% de mujeres mayores de 15 años, (alrededor de 9 millones) han sido víctimas de violación en algún momento de su vida. Si nos centramos en España, los datos orientan a las mismas conclusiones: el año 2022 se produjeron 17.389 delitos contra la libertad sexual, 48 de media al día, de los cuales el 16,5% fueron agresiones sexuales con penetración. Se puede comprobar un fuerte aumento en los últimos años, al crecer un 28,4% respecto a 2019 y un 13% en relación a 2021.

Desde mi experiencia profesional, los casos que han involucrado violencia sexual se han mantenido estables o han aumentado dependiendo del momento y las circunstancias, pero en ningún momento han decrecido. Aun así, los casos que he tratado de violencia sexual no han sido tan numerosos ni han crecido de un modo proporcional a la realidad que estos estudios estiman, es decir, lo que se conoce es mucho menos de lo que no se conoce. Sobre este relativo recoge una gran relevancia el concepto de cifra oculta de la criminalidad: la parte de hechos criminales que no son conocidos por la policía, la justicia y las instituciones, escondidos del escrutinio público. Esto se produce debido a que violencia sexual suele darse de forma velada y secreta, sucediendo en contextos íntimos o donde impera el ocultamiento de los hechos. La víctima, además, no suele revelar lo que ha pasado, ya sea por vergüenza, estigma, miedo a las consecuencias, dependencia con su abusador o por el temor de no ser creído. Por poner un ejemplo, aunque se estima que unas 453.371 mujeres de 16 o más años residentes en España habrían sido alguna vez violadas, tan solo poco más del 10 % lo habría denunciado. Esta situación desciende al 8% en el caso de mujeres víctimas de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o ex-pareja.

Esto nos lleva de modo indefectible a acontecimientos como la pandemia de COVID-19 o la guerra de Ucrania, los cuales han impactado de manera contundente aumentando la ocurrencia de este tipo de violencia. Ambos contextos han servido de caldo de cultivo extremadamente fértil para la aparición de estas tipologías de violencia, lo que resulta naturalizado si consideramos que son entornos que han favorecido a la aparición de multitud de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de violencia sexual:  son situaciones que han restringido la movilidad y que suponen una mayor cercanía entre víctima y agresor abriendo mayores márgenes de oportunidad, que han desarticulado o dificultado el acceso a dispositivos de protección para la víctima (policía, sanidad, recursos de la administración o instituciones) y que expone a las víctimas a nuevas dinámicas de dependencia con su agresores. A esto debemos también considerar que estas situaciones funcionan como circunstancias próximas facilitadoras en los agresores promoviendo estados emocionales como estrés mantenido, reacciones coléricas u otras que preceden a las agresiones y aumentan la probabilidad de ocurrencia. En este sentido, recoge un papel crucial el consumo de sustancias y alcohol funcionando como estresor y mecanismo inhibidor indistintamente.

En el caso concreto de los conflictos bélicos se deja patente el uso de la violencia sexual como arma de guerra, principalmente contra mujeres y niñas en zonas bajo control del bando enemigo. Las mujeres y las niñas en tiempos de guerra suelen ser tratadas como “botín” y la violación es una táctica utilizada como estrategia de terror y como forma de tortura. Este tipo de situaciones promueven los desplazamientos con motivo del conflicto armado y aumentan los riesgos de que se produzca violencia sexual, incluyendo la trata de personas para fines de explotación. Si a esto le sumamos que durante la emergencia de COVID-19 se incrementaron los riesgos de que se silenciasen estos delitos y que los recursos destinados a la atención de las víctimas de violencia de género en contextos humanitarios se asignaran a otros objetivos, entendemos que generó un grave perjuicio a las víctimas, especialmente a mujeres y niñas desplazadas. Además, cabe prender consciencia que estos contextos contribuyen a un aumento de la violencia de género y al reforzamiento de las actitudes tradicionales y patriarcales que limitan los derechos en las mujeres. Concretamente abordando el conflicto de Ucrania, en 2019 la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) advirtió que aquellas mujeres con parejas que combatían en el conflicto sufrían más violencia que aquellas quienes sus parejas no participaban. En ese mismo año, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) también determinó la gravedad del problema que supone la violencia de género en el país al observar que más de la mitad de las mujeres declararon haber sido víctimas de violencia con razón en el género y una de cada tres informó haber experimentado violencia física o sexual. Como podemos comprobar, situaciones como hallarse envuelta en un conflicto bélico resultan potentes catalizadores de violencia que incrementan exponencialmente la posibilidad de sufrir una victimización de carácter sexual.

Cristina: Hay muchas ideas o creencias falsas, erróneas o incompletas de lo que es agresión/ violencia sexual y que ésta sólo proviene de personas extrañas o ajenas a nosotras, entonces ¿cómo podemos detectar la violencia sexual?

Aitor: Efectivamente, podemos afirmar que existen mitos o estereotipos en torno a lo que es un acto de violencia sexual y qué es una agresión, las cuales están perpetuando lo que se ha denominado una cultura de la violación. Este concepto parte de la premisa que la violación (o cualquier tipo de transgresión a la libertad sexual) no se trata de un hecho excepcional sino que se trata de un acto de sometimiento de un sexo sobre el otro, estructural y que lo hemos naturalizado, volviéndolo algo más cotidiano de lo que se piensa. La cultura de la violación persiste al transmitirse de generación en generación y perpetua toda una serie de violencias sexuales, patrones sexistas y desigualdades de género.

El primer estereotipo de esta cultura es entender que la violencia sexual es solo la violación o la agresión grave con penetración, existiendo múltiples formas de violencia sexual, desde el acoso callejero, pasando por el acoso sexual laboral, el stalking (o acecho) y actualmente nuevas modalidades que vienen brindadas por las nuevas tecnologías y las redes sociales como el cyberacoso u otras.

Pero el mito más arraigado en este marco de la cultura de la violación es el que se ha denominado el mito de la violación real. Este mito representa la agresión como infrecuente y excepcional, un hecho aislado donde el agresor es un desconocido y resulta acuciado por una patología, resigue características psicopáticas o antisociales o es un ser aberrante y atípicamente malvado, que usa un arma para intimidar, el cual ejecuta un ataque valiéndose de la sorpresa en la calle, con nocturnidad y con suma violencia, de la que la víctima se defiende con tenacidad y valiéndose de todas sus fuerzas, provocándole heridas que demuestran la ocurrencia del hecho.

Este relato resulta sumamente peligroso ya que es todas luces demasiado generalizador y reduccionista, además de ser contrario a lo que la ciencia y la investigación nos ha permitido conocer sobre el fenómeno de la violencia sexual. De tal modo, cualquier persona que se salga de dicho script o esquema de sucesos corre el riesgo de ser desacreditada. Uno de los elementos más perniciosos que implanta el mito de la violación real es la falacia que el agresor sexual se tratará de un desconocido: la realidad es que la mayoría de las ocasiones el agresor se trata de una persona conocida para la víctima, con frecuencia su pareja o ex pareja. Esto se debe en que aún persiste una preconcepción que se supone en la pareja un consentimiento sexual continuo e implícito, que cuando se transgrede con violencia contra la voluntad de esta, resta credibilidad a sus acusaciones. Todo ello condiciona, asimismo, la actuación de las víctimas, pues, si el agresor era alguien cercano o del entorno, no empleó una violencia extrema, los hechos no sucedieron abruptamente en un contexto de calle sino una momentos de ocio, en un dormitorio o en un espacio donde la víctima ha consentido acceder, lo ocurrido no coincide con lo que se ha construido que es una agresión sexual, pudiendo incluso suscitar que víctima se sienta culpable y responsable de la violencia sufrida y por tanto, inhibir la denuncia.

Considerando que la violencia sexual puede ocurrirse en cualquier lugar y circunstancia, la única forma de claramente determinar que un hecho es o no una agresión sexual radica en el consentimiento. Cuando ambas partes están en capacidad de consentir y existe libre voluntad, podemos descartar que se ha tratado de un acto de violencia sexual.

Cristina: ¿En qué edades es más prevalente la violencia sexual?

Aitor: A pesar de que se trata de una pregunta muy oportuna, un mejor planteamiento de dicha cuestión sería preguntarse qué factores de vulnerabilidad, incluyendo la edad, se correlacionan con una mayor probabilidad de ser víctima de violencia sexual.

La edad es un factor de vulnerabilidad muy importante que incrementa la probabilidad de ser victimizada/o sexualmente. Existe extensa evidencia que ser menor de edad actúa como un factor de riesgo de primer orden para ser víctima de violencia sexual y que cuanto menos edad tiene el niño o niña, más vulnerable resulta, por lo que más expuesto a ser víctima de violencia sexual. La OMS calcula que la prevalencia mundial del abuso sexual en la infancia (ASI) es de alrededor del 27% contra las niñas y de aproximadamente el 14% contra los niños.

A la condición edad le interceden otros factores que median e interactúan entre sí incrementando el riesgo de ocurrencia. Entre estas variables encontramos de tipo intrafamiliares y/o relacionales (necesidad de afecto y/o atención o ausencia prolongada de los progenitores(as), crecimiento en un entorno de relaciones violentas o discriminación, condiciones de aislamiento, carencia de redes familiares y sociales de apoyo, escasa toma de decisiones, materiales y/o estructurales (pobreza, falta de vivienda o vivienda que no reúne condiciones adecuadas, falta de acceso a educación, normas comunitarias que otorgan privilegios o una condición superior a un determinado grupo como es el caso de los hombres, insuficiente protección jurídica y/o institucional, etc.) , atribucionales y/o psicológicas (baja autoestima, patrón de respuesta aprendido sumiso y tendente a la pasividad en el niño), funcionales (discapacidad física y/o psíquica), entre otros.

Como podemos comprobar, las anteriores condiciones no son todas exclusivas de la infancia ni de la violencia sexual, pudiendo transcurrir para diferentes condiciones de vulnerabilidad o discriminación (mujer sola, embarazada, racializada, de zona rural, indígena, de minoría étnica, LGTBIQ+, etc.) y para otro tipo de violencias (clasismo, racismo, adultismo, lgtbifobia, violencia institucional,etc.). Es necesario comprender que existe un complejo entramado de condicionantes que empujan al tenedor de estas características a sufrir una mayor probabilidad de padecer violencia de manera indeterminada y, a su vez, hay expresiones de violencia que se superponen entre sí, pudiendo todo ello concurrir simultáneamente y sobre el mismo individuo.

En este sentido, considero vital asumir un enfoque de género e interseccional que sea sensible al cruce de ejes de desigualdades, que acoja un relato amplio y diverso sobre las violencias padecidas en nuestra sociedad y que evite la sub-inclusión de los relatos no dominantes.

Cristina:  ¿De qué manera afecta o transgrede la violencia sexual la vida de las mujeres supervivientes?

Aitor: No cabe duda que la violencia de género y sexual recoge proporciones epidémicas y que representan un problema de salud a nivel global. A pesar que genera afecciones tanto en hombre como en mujeres, es importante destacar que las niñas y las mujeres soportan la carga más abrumadora de afecciones y enfermedades resultantes de la violencia y la coacción sexuales. Esto se debe a que conforman la gran mayoría de los casos, pero también porque son vulnerables a sufrir consecuencias para la salud sexual y reproductiva y otros problemas a largo plazo, como embarazos no deseados, abortos inseguros y un riesgo mayor de contraer enfermedades de transmisión sexual. También se conocen los efectos en la salud física como cefaleas, lumbalgias, dolores abdominales, fibromialgia, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y mala salud general.

Como psicólogo que ha tratado con víctimas de violencia sexual, las violencias tienen un impacto negativo sobre la salud mental las mujeres que la padecen, pudiendo causar depresión, trastorno de estrés postraumático, insomnio, trastornos alimentarios, sufrimiento emocional e intento de suicidio, así como agravar otras condiciones previas, provocando un vasto dolor a la víctima y al entorno de esta. Es sin duda uno de los hechos más desestructurantes para una mujer y que más huella deja tanto en su cuerpo como en su mente, ya que atenta contra su dignidad, puede destruir la capacidad de construirse como individuo y de crear un proyecto de vida. La violencia sexual atenta contra la confianza en sí misma y en los otros, en particular en los hombres, y produce una sensación de desamparo y ausencia de protección efectiva por parte de los diversos sistemas (sociopolítico, jurídico, comunitario, etc.), que pueden tender a estigmatizarla y responsabilizarla por creer que ha propiciado el hecho o por no haber resistido lo suficiente. A su vez, esta situación se agrava cuando las víctimas no cuentan con un adecuado apoyo emocional o social del círculo familiar, o cuando no reciben asistencia oportuna y especializada, que les permita recuperarse de las lesiones físicas y mentales.

En el caso de los menores, los efectos, si caben, son más destructivos. Se conoce que las consecuencias de la violencia entre niños y niñas incluyen problemas emocionales (depresión, trastorno bipolar, ansiedad, rasgos límites de la personalidad, conductas autodestructivas, conductas auto lesivas,  ideas suicidas e intentos de suicidio), relacionales (ansiedad social, aislamiento), problemas de conducta y adaptación (trastorno de conducta, conductas antisociales), funcionales (somatización y dolor crónico sin causa médica, trastornos de alimentación), entre muchos otros. Esto condiciona el desarrollo psicoevolutivo del menor, lo que lleva inevitablemente a adultos que guardarán enorme sufrimiento y que incidirán en perpetuar los ciclos de violencia.

Desde una óptica psicosocial, los efectos comunitarios de la violencia sexual pueden ser igual de demoledores que a nivel individual. Ambas esferas, lo individual y colectivo, se encuentran intrínsecamente relacionadas, ya que se influyen mutuamente deteriorando las condiciones que hacen posible el bienestar de la víctima. En la familia los impactos están relacionados con la alteración de las funciones de protección emocional, con el cambio de roles de sus integrantes y con el incremento de relaciones conflictivas entre los miembros del grupo familiar pues cada uno reacciona de manera particular. En lo comunitario y en las organizaciones, especialmente en situación de conflicto armado, los traumatismos producto de las violencias se reflejan en el incremento de la desconfianza y la debilitación de la unidad comunitaria, en la fragmentación de los procesos organizativos y en la imposición de modelos autoritarios y violentos para resolver los conflictos, perdiéndose referentes sociales y políticos. Se pierde el sentido cultural de los sistemas de valores basados en la solidaridad y el apoyo mutuo.

A pesar de lo anterior, no quiero ofrecer una visión de las supervivientes como inevitablemente traumatizadas o dañadas irremediablemente, pasiva ante su malestar y sin agencia por recuperar el control de su vida. Es importante destacar que hasta de las experiencias traumáticas podemos extraer aprendizajes positivos y experiencias de fortalecimiento personal. A lo largo de mi trabajo me he encontrado con muchas supervivientes de violencia sexual que me han dado verdaderos ejemplo de resiliencia y han podido avanzar en su desarrollo vital hasta en los momentos más adversos.

Cristina: ¿Cómo se interrelacionan la violencia sexual y la violencia de género? ¿Cómo relacionarías el movimiento feminista con la violencia sexual y de género?

Aitor: Es necesario que instituciones y ciudadanía nos concienciemos que la violencia sexual es una de las principales facetas que acoge la violencia de género. En este sentido, la forma más correcta de dirigirnos a ella sería la de Violencia Sexual Basada en el Género (VSBG).

De tal manera, al afirmar que la violencia sexual es una de las facetas más representativas que acoge la violencia de género dejamos de invisibilizar este fenómeno que contribuye a configurar una cultura de la violación. Como ya hemos comentado, la cultura de la violación promueve una concepción social, es decir, unas representaciones sociales, estereotipos, actitudes y narrativas en relación a la violencia sexual que son parte integral de la violencia contra las mujeres por motivo en el género. Precisamente uno de los resultados que reproduce la cultura de la violación es no conceptualizar las agresiones sexuales como un tipo específico de violencia de género. De esta manera se contribuye a perpetuar la concepción social de que la violencia de género se reduce únicamente al ámbito de la pareja sin que existan otros ámbitos fuera esta esfera relacional, lo que provoca que determinadas acciones pasen inadvertidas como violencia por motivo de género. En sentido contrario, se insiste que la violencia sexual es algo que pasa fuera de casa por parte de desconocidos, evitando que la coacción sexual por parte de conocidos y gente del entorno de la víctima, que como hemos dicho resulta lo más frecuente, sea identificada como violencia de carácter sexual.

Es necesario comenzar a señalar que las construcciones mentales que como sociedad tenemos se fundamentan en mitos y estereotipos que lo único que hacen es contribuir a perpetuar los ideales de una cultura de la violación que impide reducir los delitos sexuales y perpetúa la indefensión y vulnerabilidad de las mujeres ante estas conductas, por lo que resulta necesario abordarlos y combatirlos. La cultura de la violación permite que se normalice y justifique la violencia sexual, pero para que esto ocurra se deben suceder desigualdades de género y unas actitudes hacía la sexualidad que sirvan como semillero para estas violencias. Por tanto, la violencia sexual basada en género se alimenta de la tolerancia que tenemos como sociedad hacía las discriminación y los ejercicios de sometimiento con motivo de género.

El papel del feminismo ha sido sumamente relevante en lucha contra la violencia sexual, entrando en escena como una fuerza transformadora y movilizadora de procesos.  Su influencia se ha visto reflejada en dos ejes fundamentales: la lucha contra las violencias sexuales y la apuesta por la diversidad. Los movimientos sociales de mujeres y las organizaciones feministas han creado redes nacionales, regionales y mundiales y han desempeñado una rol crucial en la toma de conciencia y la reivindicación de un cambio positivo en las actitudes y prácticas comunitarias en relación con la violencia de género y la violencia sexual. Estas redes han inspirado diversas campañas que han transformado radicalmente las normas, leyes, políticas y prácticas. Encontramos ejemplos en el campo de los derechos sexuales en reacciones internacionales como el #MeToo en E.E.U.U, pero también en nuestro territorio con la respuesta masiva por la sentencia de La Manada en España, y recientemente, tras la final de la Copa Mundial de Fútbol con el movimiento #SeAcabo. Dichas protestas supusieron un cambio de paradigma en la forma en la que se interpretaron las violencias sexuales y como debe ser la lucha institucional en su eliminación. La cristalización de la lucha feminista por las libertades sexuales puede comprobarse en España con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, también denominada Ley del solo sí es sí. A pesar de la polémica suscitada por la reducción de condenas, la mencionada ley ha permitido que muchas de estas violencias que antes estaban invisibilizadas (violencia sexual, matrimonio forzado, mutilación genital femenina…) tengan ahora mecanismos legales de prevención, detección y reparación, además de equipararse en derechos y medios a los que antes sólo tenían los actos que entraban dentro de la órbita de las relaciones íntimas.